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Barack
Obama se considera con poderes para asegurar que “el pueblo de Venezuela pueda
determinar su propio destino libre del tipo de prácticas que todo el hemisferio
ha dejado atrás”, y no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. El candidato
derrotado introduce demanda de nulidad ante el TSJ, y en prueba de que no
respeta al CNE ni tampoco al más alto juzgado de la República, de una vez
declara que “Si estos magistrados no quieren responder vienen las instancias
internacionales”. Son las mismas que invocó el golpista Carmona Estanga en el
decreto con el cual derogaba la Constitución ¿Habrá mejor sitio para acudir que
ante instancias financiadas por Estados Unidos?
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En
efecto, no hay entes jurisdiccionales más patrocinados por EEUU que la Comisión
de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de
la OEA, la cual recibe 54% de su presupuesto de la potencia norteña. El
presidente Rafael Correa denunció que países que no han firmado la Convención
Americana y que por lo tanto no están sujetos a la CIDH, como Estados Unidos y
Canadá, y ONGs radicadas en ellos costean el 96,5% del Presupuesto de ésta.
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Quien
paga la música elige la canción, y la CIDH baila al ritmo que sus patrocinantes
le tocan. Como coreando a su patrocinante Obama, el 10 de mayo la Comisión
instó a Venezuela a "adoptar de manera urgente todas las medidas que sean
necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad
personal, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos
a la libertad de asociación y libertad de expresión en este contexto". Por
si faltaran dudas de la parcialización, consideremos que en el sangriento
período entre 1969 y 1998, cuando hubo campos de concentración y masacres como
las de Cantaura, Yumare y el Caracazo, tramitó apenas 6 casos contra Venezuela,
uno de ellos incoado por el terrorista Posada Carriles. En cambio, entre 1999 y
2011 tramitó 63 casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no exhibe
mejor prontuario. Entre 1981 y 1998 resolvió sólo 1 caso contra Venezuela, el
de la masacre de El Amparo. Pero entre 1999 y 2011 sentenció 13 y tramita 11
más: 23 casos contra nuestro país. Ni la CIDH ni la Corte acordaron ninguna
acción ante el golpe del 11 de abril de 2002.
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Vale la
pena hacer memoria sobre este encarnizado prejuicio contra nuestro país. En su
Informe para el Examen Periódico Universal 2011, la CIDH nos acusa en 233
párrafos. En 205 trata sobre casos en los cuales no se han agotado los recursos
internos, por lo que no se los puede llevar ante la jurisdicción externa. En
225 párrafos no especifica hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros
datos indispensables para que una acusación sea admitida. En 182 casos, juzga
sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que “podrían” acontecer. En
la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de prensa, que ningún
tribunal digno de tal nombre acoge como prueba. Hasta veta proyectos de leyes,
cuya sanción depende única y exclusivamente de la soberana voluntad popular, y
no de una oficina de Washington. Fundándose en esta masa de acusaciones
fraguadas, nos incluye en una “IV Categoría” de países con graves problemas de
Derechos Humanos, acompañados sólo por Cuba, Honduras y Haití.
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Al
tribunal de los fariseos se lo conoce por sus sentencias. El 10 de enero del
año pasado escribí que a instancias del terrorista Tor Halvorsen “La Corte
Interamericana contradijo la decisión venezolana que inhabilita a un corrupto
para candidatearse. Igual puede pretender inhabilitar a quien gane las
elecciones del 2012, o decidir quién las ganó”. Exactamente en esa situación
estamos un año después. La oposición pretende que tribunales extranjeros
financiados por Estados Unidos, y no el pueblo venezolano, decida quién debe
gobernarnos.
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¿Qué
éxito puede tener esta demanda temeraria? Jurídicamente, ninguno. Establece el
artículo 1 de la Carta de la OEA que los países adhieren a dicho ente para
“lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su
independencia”. Mal podría una Corte de la OEA acabar justamente con la
independencia y soberanía de países miembros. Para el caso de que tratara de
hacerlo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia
de 15 de julio de 2003 declara que decisiones de órganos jurisdiccionales
extranjeros no son aplicables en Venezuela si violan la Constitución:
“Planteado así, ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual
entidad, podrán ejecutarse penal o civilmente en el país, si son violatorios de
la Constitución, por lo que por esta vía (la sentencia) no podrían proyectarse
en el país, normas contenidas en Tratados, Convenios o Pactos sobre Derechos
Humanos que colidiesen con la Constitución o sus Principios rectores”.
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Tampoco
podrían la CIDH ni la Corte Interamericana admitir tal demanda de inmediato,
pues según el artículo 46 de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos,
“1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44
ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y
agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del
Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Y desde el 10 de mayo de 2012
nuestra Asamblea Nacional acordó la denuncia de la Convención Americana, pero
sólo tras inexplicable e inexcusable retraso se comunicó el 6 de septiembre
dicha decisión a la Corte. Ante ésta sólo se pueden interponer recursos durante
un año tras la denuncia. De no ser por el saboteador retraso, ya estaríamos
libres de esa pesadilla. Pero declara en el diario La Verdad del 27-4-1013, el
constitucionalista José Vicente Haro que “el camino de la impugnación es largo.
Una sentencia definitiva podría demorar hasta un año“. Antes de ese plazo, el 6
septiembre de 2013 estaríamos enteramente fuera del poder del tribunal de los
fariseos. Que así sea.
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La
justicia es ciega, y el prejuicio también. Ante la Corte Interamericana están
introducidas las demandas de RCTV contra la no renovación de su concesión; la
de Allan Brewer Carías para deslegitimar a los tribunales venezolanos y la
anunciada del candidato perdedor para anular las elecciones presidenciales.
Toda una triple ofensiva para deslegitimar a los poderes Ejecutivo, Judicial y
Electoral. El órgano encargado de defendernos, la Agencia del Estado para los
Derechos Humanos ante los Organismos Internacionales a veces padece cuatro
meses de tardanza antes de que se pague a su personal, en otros casos no ha
podido asistir a audiencias por providenciales retrasos en la entrega de
viáticos. El presidente Nicolás Maduro twitea que "La cuestionada y desprestigiada
CIDH vuelve a arremeter contra la democracia y el pueblo venezolanos. Una vez
más la rechazamos y repudiamos". Para que ese repudio se haga efectivo, es
necesario dotar de medios a nuestros defensores. Se avecinan graves batallas
jurídicas, y no podemos acudir a ellas desarmados.
